Seguro que la culpa la tiene el gobierno anterior o
como en la capital, no tienen competencias sobre el tema. Y eso que lo
publicitaron a bombo y platillo: “Con ellos los desahucios se acababan”.
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Una pareja de ancianos pasa dos noches en un
parque de Oviedo tras ser desahuciados, según la PAH
Los activistas denuncian que
el juzgado incumplió su obligación de comunicar a los servicios sociales
municipales las situaciones de especial vulnerabilidad
Una imagen del Campo de San
Francisco. WIKIPEDIA
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo ha denunciado
que un matrimonio de 74 y 72 años ha dormido dos noches en un parque de la
ciudad tras ser desahuciado por vía judicial. En un comunicado,
la PAH asegura que se trata de un incumplimiento por
parte del juzgado del convenio para la prevención de desahucios, que le obliga
a comunicar a los servicios sociales municipales las situaciones de especial
vulnerabilidad o exclusión social.
La PAH detalla que el 18 de septiembre un juzgado de Oviedo ejecutó
"sin miramientos" el desahucio del matrimonio, cuyos únicos ingresos,
una pensión no contributiva, no les permitían costear el alquiler de la
vivienda en la que vivían. Según La Nueva España,
la mujer recibe poco más de 300 euros de pensión y la renta es de 500
euros. La pareja había acumulado varios meses sin pagar.
"La abogada de la propiedad les avisó el día antes de que tenían que
dejar el piso en el que vivían desde hace muchos años. Asustados, al día
siguiente se ducharon, cogieron cuatro cosas y se fueron dejando las llaves
puestas en la puerta", explica al diario local la activista de la PAH de
Oviedo Pilar Galán.
Al carecer de un alojamiento alternativo, añade la
nota, "completamente desamparados y conmocionados por la situación a la
que se veían abocados", pasaron dos días y dos noches en un banco del
Campo de San Francisco, el pulmón de
Oviedo, con son 90.000 metros cuadrados. Cuando los
activistas de la PAH supieron de su estado, les facilitaron un alojamiento
"provisional y precario" mientras se gestiona ante los servicios
sociales municipales una solución definitiva.
"Su estado psicológico es terrible. Están devastados y en el límite de
la depresión", confiesa Lobo, que explica el matrimonio, que no quiere ser
identificado, había llegado a un acuerdo verbal con el dueño del piso para
pagarle en enero ya que estaba pendiente de recibir el dinero de una
herencia. La pareja ya ha acudido a los Servicios Sociales del
Ayuntamiento. Según la concejal de Igualdad, Marisa Ponga, fueron atendidos
anteriormente en varias ocasiones por el personal del área, pero sin presentar
una solicitud formal.
La PAH recuerda que el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del
Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos firmaron el 15 de
marzo de este año un convenio que establece un protocolo de actuación para
prevenir situaciones de exclusión residencial extrema como la que sufre este
matrimonio septuagenario ovetense.
En virtud de ese protocolo, los juzgados que reciben demandas por impago de
alquiler están obligados a evaluar si la familia demandada se encuentra en
situación de riesgo de exclusión social y, de ser así, facilitarle información
acerca de los recursos de asistencia social disponibles, además de trasladar el
caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas
oportunas para garantizar sus derechos sociales.
El convenio expresamente considera a las personas mayores de 65 años objeto
de atención especial. Por ello, la PAH de Oviedo denuncia que "el juzgado
ha ignorado todos estos compromisos" y que su actuación "negligente e
inhumana" resulta "incompatible con el respeto a su derecho
fundamental a disponer de una vivienda adecuada reconocido en diversos
convenios internacionales".
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha asegurado que el juzgado
en cuestión, el de Primera Instancia nº 3 de Oviedo, desconocía la situación de
vulnerabilidad de los dos ancianos. En una nota de prensa, el TSJA sostiene
que ese día 18 de septiembre el juzgado realizó dos lanzamientos, uno de
un local de negocio y el otro de una vivienda que, al menos en el momento de
llevarse a cabo el lanzamiento, no estaba ocupada por persona alguna.
El TSJA indica que el matrimonio "no habían puesto en
conocimiento del Juzgado su situación y la misma, por tanto, no ha podido ser
conocida ni valorada por el servicio correspondiente". Según el tribunal
que cuando se detecta en la diligencia algún supuesto de vulnerabilidad
"tienen orden de suspensión para dar cuenta al juzgado correspondiente y
el día 18 no ocurrió", porque se reitera que "no se tenía
conocimiento de esa situación".
