El impacto que han generado las imágenes de decenas de personas que entraban en tiendas y huían hasta con los maniquís obligó al Govern a cambiar de discurso. “Al principio era evidente que era un acto de protesta por la libertad de expresión, pero se ha producido una evolución a actos de puro vandalismo”. Esa frase ponía fin a una política cercana a la simpatía con las manifestaciones que comenzaron el pasado martes, tras la detención de Pablo Hasél para cumplir una condena a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo. El independentismo ve en el rapero otro caso de la “represión” del Estado.
Las tibias condenas de la violencia por parte de los partidos encargados de formar el nuevo ejecutivo catalán ha hecho que los diferentes sindicatos policiales criticasen el abandono por parte del sector político.
Pere Aragonès, cabeza de cartel republicano, guarda silencio desde el pasado viernes, cuando aprovechó un acto de partido y otro de la Generalitat para hacer un equilibrio entre su condición de president en funciones (sin capacidad, por ejemplo, de cesar consejeros) y líder de una mayoría independentista urgido de cerrar un pacto.
“Quien no defienda a los Mossos d’Esquadra, es decir, la seguridad, la convivencia y el orden público en Cataluña queda inhabilitado, desde mi punto de vista, para gobernar este país”, añadió el ganador de las elecciones del 14-F, en una referencia velada al líder de ERC, Pere Aragonès.
Lo que si queda claro es que en Cataluña ciertos grupos indeterminados, defendidos y criticados por la clase política, han tomado las calles como campo de batalla y cada vez más, los incendios, los destrozos y los robos se están convirtiendo, cara al exterior, en la imagen violenta y vandálica de una Cataluña que seguro, no desean.










