Durante
los últimos años, en los ayuntamientos que en ellos gobiernan, tanto Podemos
como el PSOE, han llenado sus arcas a base de cobrar al ciudadano el impuesto
que ahora han de pagar los bancos. No soy jurista y no entiendo ni el impuesto
ni el gravamen y no dudo que el sector bancario no obtenga lo abonado por otro
camino.
A
mí, “Por dicha”, no me atañe, pero me molestan los cambios de criterio y de
ideología de ciertos partidos que se mueven hacia donde sopla el viento. Antes,
en la oposición, decían una cosa. Ahora, en el poder, la opuesta.
No debo ser el único que vive en esa
confusión ideológica. Transcribo lo que alguna mente, más clara que la mía,
explica lo que hacían y decían los chicos del PSOE-Podemos de este tema antes
de decir ahora lo contrario.
“PSOE y Podemos subieron el
impuesto al cliente en plena crisis
·
Pese a cargar ahora contra
el Supremo, Iglesias llevó aumentarlo en su programa electoral
· El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague
el impuesto de las hipotecas
El secretario de
Organización de Podemos, Pablo Echenique, durante una rueda de prensa. Luca
Piergiovanni EFE
La contundente retórica desplegada por el PSOE y Unidos Podemos para cargar contra el Tribunal Supremo -por rectificar su primer
fallo y endosar después el pago del
impuesto de las hipotecas al cliente y no a las entidades
bancarias- se ha visto comprometida por la hemeroteca, que ha dejado al
descubierto que ambos partidos respaldaron durante los años de la crisis
económica subir este impuesto cuando no había dudas de que éste repercutía
directamente en el ciudadano y no en los bancos.
Es más, Podemos, uno de los actores políticos que más aspavientos está
haciendo con este tema para deslegitimar la decisión del Poder Judicial, llevó
precisamente la subida del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que
es un gravamen cedido a las comunidades autónomas, entre las promesas de su
programa para las elecciones autonómicas de 2015.
Entre sus 215 medidas para un proyecto de país, presentadas por el partido
de Pablo Iglesias, se abogaba por reducir al
máximo las bonificaciones de esta tasa para cobrar más a los ciudadanos y
recaudar más en las comunidades autónomas.
Pablo Iglesias
Y, como consecuencia de esto, votó a favor en Aragón en el año 2015 para
elevar la presión fiscal en un 50% de lo que ya estaba. Lo que situó a la
región en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas que más gravaban a
los clientes. Puesto que pasó de un 1% a un 1,5%. El tipo máximo. Como el que
tienen Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.
Entre los parlamentarios que votaron a favor estuvo Pablo Echenique, por entonces líder regional del partido morado, que
está siendo ahora uno de los más beligerantes contra el Supremo. «Ya sabíamos
que los ricos se compraban gobiernos. Hoy se han comprado el Supremo», dijo el
pasado martes.
En el PSOE sucede más de lo mismo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo ayer estar dispuesta a
poner en marcha un «paquete de medidas potente» para compensar el daño que la
decisión del Supremo supone para los contribuyentes. En la carrera iniciada, en
plena precampaña electoral, para responder a la indignación generada, llamó
ayer la atención la sensibilidad de Díaz, dado que la Junta no sólo aplica a
sus contribuyentes el tipo más alto de entre todas las autonomías, sino que
aprobó un incremento del mismo en el año 2012, en plena crisis, cuando el
gravamen pasó del 1,2% al 1,5%.
Susana Díaz
Entonces, cuando el mercado inmobiliario estaba ya seriamente tocado por el
estallido de la burbuja, la Junta, presidida por José Antonio Griñán, aplicó una subida del impuesto
de Actos Jurídicos Documentados que colocó a Andalucía en el escalón más alto.
En aquel año Díaz se había incorporado ya al Ejecutivo como consejera de la
Presidencia, si bien esa subida del impuesto se aprobó meses antes.
En la última legislatura, la presión de Ciudadanos, con el que tenía un acuerdo parlamentario, llevó a
Díaz a aplicar dos rebajas fiscales significativas. La primera en el tramo
autonómico del IRPF y la segunda en el Impuesto de Sucesiones. Sin embargo, en
ningún momento se había planteado la Junta prescindir de los ingresos generados
por el impuesto sobre los AJD. Pese a ello, Díaz no ha dudado ahora en ponerse
de parte de los contribuyentes y en contra de los bancos, a los que acusó de
haber provocado la crisis y no haber devuelto el dinero del rescate.
Ahora anuncia un paquete «potente» de medidas para paliar el efecto de esta
decisión, que afectaría a 300.000 personas con un saldo de 600 millones de
euros.
Madrid
TERESA LÓPEZ PAVÓN
Sevilla
JAVIER ORTEGA
Zaragoza
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